(Viene de Retórica y política (3): una cuestión ética)

El sistema político español afirma que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de sus legítimos representantes, elegidos por el pueblo y obligados a dar cuenta de sus actos, no a la Providencia, sino al pueblo, cuya relevancia para la actividad política se articula no exclusivamente a través de los partidos, las organizaciones sindicales y, en general, el movimiento ciudadano. Con todo, la necesidad de consolidar el régimen político lleva a la aprobación de un mecanismo que, de facto, coarta la participación ciudadana en tanto la limita a aprobar o no los nombres de los representantes elegidos por los dirigentes de los partidos, no libérrimamente por la ciudadanía (el caso del Senado es excepcional porque, aun siendo el que responde a las exigencias del sistema, lo hace para una instancia de poder que se sitúa en un nivel claramente secundario respecto del Congreso de los Diputados). El sistema se consolida al precio de generar unas élites dirigentes sobre las que el pueblo percibe que tiene poco margen de intervención. Los oradores deliberativos de los primeros tiempos, los líderes de los grupos, van dando paso a oradores demostrativos que ya no se sienten parte del entramado social, sino un subgrupo aparte que, por falta de ese vínculo con las bases, se convierte en conjunto de transmisores de un sistema de consignas más que en portavoces de los ciudadanos. Los representantes del pueblo soberano se convierten en clase política; los ciudadanos, en votantes. Dos grupos diferentes no pueden fácilmente convivir teniendo exactamente los mismos objetivos, y eso lo ven los administrados.

La consolidación de estructuras políticas con intereses propios (su propia pervivencia y financiación entre ellos) provoca la sensación de alejamiento del cuerpo social y favorece la aparición de un esquema comunicativo en el que dominan, no ya tanto las propuestas de futuro cuanto la erosión del otro a través del ataque a sus decisiones y actuaciones (genus iudiciale) y la división de la sociedad mediante la creación de mensajes que ponen el mayor énfasis en la diferencia, la amenaza y la ira, percepciones y emociones que buscan sobre todo la delimitación de nuevos grupos (genus demonstrativum). Así, se pasa a un esquema bélico que activa el marco del enfrentamiento y que deja a las claras la intención de conseguir un beneficio particular por medio de la actuación colectiva, la movilización, convertida en clima de opinión permanente, pero llevada a la actuación en momentos muy concretos, verbigracia, cuando toca votar.

Para el receptor del mensaje, los juicios de valor sobre las intenciones del orador son extremadamente relevantes: si se llega a la conclusión de que no existe una clara voluntad de servicio a la comunidad, es fácil pensar que el orador político, cualquier orador político, deja de representar los intereses del pueblo para ser valedor de los de su propio grupo (lo que provoca una sensación de ocultación que lleva al rechazo) o de los más claramente individuales, que originan desafección por advertir el uso de técnicas demagógicas o, en un nivel más instintivo de procesamiento y verbalización, del ansia de medrar al precio que sea. Nuevamente, vemos que es la delimitación del ἔθος del orador la que abre o cierra las puertas de la comunicación del mensaje político.

Desde un punto de vista retórico (o comunicativo, que tanto da), se puede percibir que existen grupos diferenciados cuyos intereses no coinciden (o se considera que no coinciden). La política ha abierto el camino a la institucionalización de la representación pública como actividad laboral y a la codificación y descodificación de mensajes como un elemento de transmisión, de persuasión, no de interacción social. Así visto, el fenómeno de la comunicación de masas se mezcla con el de la comunicación política de modo tal que se confunde la emisión de mensajes con la interacción social. Conquistar la democracia, como incorporarse a la Comunidad Económica Europea, son propuestas de futuro fácilmente visualizables por la colectividad; la confianza, la seguridad, la esperanza, son entidades abstractas que activan o no marcos cognitivos y que ayudan a decidir sobre una propuesta, toda vez que influyen en la delimitación de la credibilidad del orador o en la de la materia, pero no pueden en sí mismas convertirse en propuestas de futuro a menos que se deduzcan del contexto factual del discurso.

Anuncios